Ahora, más de ocho años después, esta persona ha sido condenada a pagar una cuantiosa indemnización por un delito contra el derecho de los trabajadores con carácter imprudente. Así­ lo han confirmado a este medio fuentes del caso, explicando que la peculiaridad del mismo reside en el hecho de que existe una norma especí­fica sobre prevención de riesgos laborales en este terreno que sin embargo muchos desconocen y casi ningún empresario ni empleado aplica. Se trata de un decreto de 1997 que obliga en todos los trabajos de poda a utilizar gafas o en su defecto una pantalla de protección, algo de lo que en este caso concreto el temporero carecí­a, y por otro lado el empresario tampoco ha sido capaz de documentar si le habí­a facilitado alguno de estos objetos antes de que realizara su tarea. Cuando sufrió el percance, la ví­ctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en más de una ocasión y los médicos le implantaron una prótesis ocular. Todo ello tardó 195 dí­as en curar de los que 90 estuvo incapacitado para sus labores cotidianas, además de los dí­as que estuvo hospitalizado. Por todo ello, el fiscal solicitó en un principio un año y medio de prisión para el empresario, por un presunto delito de lesión imprudente grave más otros ocho meses por un delito contra los derechos de los trabajadores. Un punto y aparte merece, obviamente, el aspecto humano, pues la pérdida del ojo le ha conllevado una incapacidad que ha mermado su salud y ha reducido sus posibilidades en el mercado laboral. Fuente- La Voz Digital - Cádiz